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Tradicionalmente, las creencias sobre las violencias basadas en género son compartidos por los funcionarios estatales, y por tanto las minimizan, les dan atención inadecuada, responsabilizan a la víctima, y las perpetúan en sus actos normativos.

Una de las grandes dificultades para cualquier intervención, es la disgregación de las trabajadoras domésticas: cada una está en una unidad productiva o de trabajo (casa) distinta y distante geográficamente, y las posibilidades de ejercer presión de grupo ("la unión hace la fuerza") son más remotas que en el caso de las unidades productivas empresariales, por ejemplo. Esta misma dificultad la encuentra el Gobierno a la hora de ejercer deberes fiscalizadores o judiciales sobre los empleadores. En otras palabras, las empleadas del servicio doméstico en Colombia, están hoy a merced de su patrón.