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La primera fuente laboral femenina urbana en Colombia es el trabajo doméstico. El DANE da cuenta de 742.000 personas en la categoría de empleado doméstico (una ínfima minoría son varones), pero se intuye un gran sub registro, precisamente por la informalidad de este oficio. El Ministerio del Trabajo habla de un millón. Esta informalidad y la ausencia de una ética y moral ciudadanas, permiten que estas trabajadoras -responsables del cuidado de miles de niños y adolescentes, y de las casas donde laboran-, sean víctimas de maltrato, racismo, salario por debajo del mínimo legal, ausencia de seguridad social, jornada laboral excesiva, por nombrar los más sobresalientes abusos.

Igual de preocupante es la fragilidad con la que ostentan el derecho a la ciudadanía, y su correspondiente dificultad para la construcción de bienes públicos: muchas no tienen cédula, una gran mayoría tiene un nivel de alfabetismo y escolaridad mínimo, están desconectadas del sistema bancario, no tienen participación política, es decir, son invisibles, por no decir, inexistentes para el Estado, la democracia y sus instituciones. La mayoría desconoce las leyes que las protegen y los mecanismos para exigirlos; y la mayoría se enfrenta al desempleo cuando expresa sus derechos.