“Esta Sala llama la atención sobre la necesidad de evidenciar que en el camino hacia una sociedad igualitaria no solo el Estado tiene obligaciones afirmativas, sino que ésta es una tarea que le compete a todos los habitantes del país, quienes a través del lenguaje y de sus acciones concretas pueden y deben, contribuir a la eliminación de todas las formas de discriminación”.
Esa Sala es la Segunda de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia que, con la ponencia de la Magistrada Diana Fajardo Rivera, en la Sentencia T-243/18, hizo un llamado a “la solidaridad entre mujeres, a la expansión de relaciones de ayuda entre todas las personas, máxime si pertenecen al mismo género, e invita a la difusión de mensajes de unión y de compromiso por la lucha contra discursos opresores de los derechos fundamentales”.
La Sala se encontraba dirimiendo frente a la Acción de tutela instaurada por Luz Daris Moreno Palacios, trabajadora doméstica, contra Emily Ratliff, su exempleadora.
Según el texto de la Sentencia, estos fueron los hechos:
El 1° de mayo de 2017 la señora Emily Ratliff realizó una publicación en su muro de la red social digital Facebook que incluía una foto de la accionante, su nombre completo, acusaciones sobre el presunto robo de una blusa, apreciaciones sobre su personalidad y una invitación a sus contactos para compartir la publicación.
Con esta entrada, la accionada creó una situación de debilidad en cabeza de la señora Moreno Palacios, porque (i) ella tenía control total sobre la información y las opiniones que estaba divulgando, sin que la accionante contara con mecanismo alguno para disponer de su fotografía; (ii) la señora Ratliff realizó la publicación señalada desde una posición de superioridad, dada por su calidad de parte dominante en la relación de trabajo que había tenido con la accionante, e invitando a sus contactos a que compartieran la información. Si bien la accionante intentó responder a las acusaciones en su contra, terminó siendo recriminada por los contactos de la señora Ratliff que decidieron intervenir en los comentarios que le siguieron a la publicación, muchos de ellos cargados de acusaciones adicionales, y perpetuadores estereotipos sociales. Algunos de los comentarios que recibió la accionante fueron los siguientes:
“Qué horror”
“Nunca le va a quedar como te queda a ti”
“Alas [sic] empleadas hay q [sic] revisarlas muy bien antes de salir tdo [sic] lo q [sic] lleven hay q [sic] revisarlas muy bien”
“Hay [sic] amiga el karma del matrimonio es la empleada, que rabia”.
La señora Luz Daris Moreno Palacios respondió a la publicación inicial mediante un comentario, en el que argumentó que no pondría en riesgo su hoja de vida por una blusa. [Además tenía cómo comprobar que la prenda que le acusaban haber robado, había sido comprada en un almacén bajo la modalidad de crédito]. Como respuesta a lo anterior, la accionada escribió:
“Mentirosa esa blusa que tiene en la foto usted me la robó aprovechó que tengo buena ropa y SE LA ROBÓ CON ETIQUETA DE NUEVA ESA BLUSA NO LA VENDEN EN CUALQUIER LADO Y SIN OFENDERTE ESA BLUSA NO LA VENDEN DONDE TÚ DEBES COMPRAR TÚ ROPA”
La resolución
La Corte Constitucional resolvió que “en este caso existió una vulneración a los derechos fundamentales de la señora Luz Daris Moreno Palacios, y en esta medida, la señora Emily Ratliff desbordó los alcances constitucionales de la libertad de expresión”, por lo que fue obligada a rectificar en el mismo espacio en el que ocurrió la difamación, a pesar de que ya había eliminado la publicación.
Así mismo, recordó que “el ordenamiento jurídico colombiano prohíbe la creación de listas negativas a los empleadores, entendidas como la difusión de información de sus ex trabajadores, que impliquen una limitación posterior de su acceso al mercado laboral. Antes bien, dicha prohibición se predica tanto para las empresas empleadoras como para las personas naturales que actúen en tal calidad; situación que interpretada desde otra perspectiva, puede entenderse como la consagración de un límite a la libertad de expresión de quienes mantienen un vínculo contractual o laboral, en este caso, de la señora Emily Ratliff, pues el efecto que tuvo su publicación es el mismo que tienen las denominadas listas negativas, es decir, que la entrada hecha en la red social digital Facebook tuvo una consecuencia equivalente en los derechos fundamentales de la señora Luz Daris Moreno Palacios.
Resuelto el caso, la Corte realizó un análisis sobre la vulneración de derechos en el trabajo doméstico y hacia quienes lo ejercen, en el punto siente de la sentencia:
Pese a la importante labor que desempeñan día a día las trabajadoras domésticas, que incide directamente en la calidad de vida de sus empleadores, éste grupo poblacional ha sido tradicionalmente estigmatizado, desde una lógica de clases sociales, y asociado a conceptos que sin duda alguna atentan contra la dignidad humana de las mujeres, así como la imagen que tienen de sí mismas. Este caso es una muestra de esa situación, pues no solo la accionada acusó a su ex trabajadora doméstica de haberle robado una blusa, sino que los comentarios que le siguieron a la publicación tanto por parte de la señora Ratliff, como de sus contactos -todas ellas mujeres-, crearon un ambiente de hostilidad para la accionante, y dan cuenta de esa estigmatización social, y la perpetuación de un discurso de clases excluyente.
(…)
7.9. Adicionalmente, la Sala advierte que gracias a internet y las nuevas tecnologías de la comunicación e información, el colectivo social de las mujeres, se encuentran en una época importante de empoderamiento como género. Para nadie es un secreto que a través de las plataformas digitales es posible acceder a una gran cantidad de información, contar con redes de apoyo que contribuyen a la denuncia de casos de maltratos o abusos, y organizar de una manera expedita movilizaciones ciudadanas para el reclamo de garantías fundamentales. En este contexto, como se analizó previamente, dadas las características de rapidez y masividad de destinatarios se debe tener cuidado de no afectar derechos de terceras personas, y generar así victimizaciones, con las publicaciones que se hagan en internet.
7.9.1. Atendiendo a dicha preocupación, la Sala Segunda de Revisión resalta la importancia de incorporar la solidaridad, consagrada como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho, en las relaciones entre particulares, pues este valor y principio es sin duda la base indispensable para una sociedad incluyente. La conducta de la señora Emily Ratliff se separa de ese valor de solidaridad, y perpetúa dinámicas sociales injustas frente a un colectivo tradicionalmente discriminado y marginado, como lo son las empleadas domésticas. (…).
Esta sentencia es un nuevo precedente positivo para el proceso de reconocimiento de la importancia social y económica del trabajo doméstico en Colombia, que se suma al reconocimiento del derecho a ‘pensión sanción’, la ley de prima, y la declaración de las empleadas domésticas como sujetos de especial protección, según fallo de Corte Constitucional. Puede consultar la legislación colombiana para el trabajo doméstico aquí.
Si desea conocer el texto completo de esta sentencia, haga clic aquí: Sentencia T-243/18
Julio de 2018.
¡Qué bueno que llegó junio! En este mes se acaba la espera de quienes ansían que comience el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y, además, viene con “prima” incluida. Ese medio salario que cae, para muchas personas, como del cielo para ayudar a pagar deudas, comprar o arreglar algo que se necesita en el hogar, aportar al ahorro, o, quizás, disfrutar de unos días de descanso.
(Calcule la prima con esta herramienta)
Las trabajadoras domésticas deberían tener ya planes sobre cómo invertirán la prima que por derecho tienen, como cualquier otro trabajador formal en Colombia, a partir de la aprobación de la Ley 1788 de mayo de 2016, exceptuando aquellos con contrato por prestación de servicios y modalidades de trabajo que excluyen este beneficio desde la firma del contrato o el acuerdo laboral.
Por lo menos son 610.000 mujeres las que en el país trabajan como empleadas domésticas, según el informe del Mercado Laboral del primer semestre del año, realizado por el Dane. Cada una de ellas debería recibir el pago de esta prestación al 30 de junio, sin embargo, no lo sabremos muy bien.
Según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el 49,3% de las mujeres en Colombia trabaja en la informalidad, y en 12 de las 13 principales ciudades de Colombia, las mujeres lo hacen más en la informalidad que los hombres. Sabemos que aquí en ese dramático dato hay un gran porcentaje de mujeres que trabajan en hogares colombianos.
¿Las causas? Muchas. Una de ellas es que todavía el trabajo doméstico no es visto como trabajo y, por ende, las empleadas domésticas no son vistas como sujetos de derechos. Es necesario un cambio de creencias (cultural) para desmontar esa idea.
Por ahora, esta y otras obligaciones de los empleadores siguen en sus manos, sin ningún medio de verificación ni seguimiento por parte de ningún organismo estatal ni particular, así que dependemos de las demandas que pongan las empleadas domésticas, para saber qué tanto se cumple la ley.
Si usted quiere meterle un gol a la informalidad y practicar el juego limpio, así es como deberá pagarle la prima a la empleada doméstica que trabaja en su hogar:
Fórmula para trabajadoras por días:
- Tome el salario base.
- Multiplíquelo por los días trabajados en el semestre al 30 de junio.
- Divida el resultado por 360 (correspondiente a los días del año)
Fórmula para trabajadoras internas:
- La prima corresponde a un mes de salario por cada año trabajado y se paga en dos partes, una con plazo hasta el 30 de junio, y la otra con plazo hasta el 20 de diciembre.
- Por ejemplo, si usted le paga 800 mil pesos cada mes a la empleada doméstica que va en el día a trabajar, o vive en su casa, eso dividido por dos da $400.000. Esos $400.000 son la prima de la empleada. ¡Ya sabe cuánto le debe pagar!
Calculadora en línea para calcular el valor de la prima, aquí
Con el más reciente informe de mercado laboral en Colombia (GEIH) del Departamento Nacional de Estadística –Dane, nos enteramos de que el registro de la contratación en el sector del trabajo doméstico ha disminuido 8.7% en lo corrido del año 2018, lo que nos lleva a interpretar que aumentó la informalidad.
Germán Linares, experto en seguridad social, les dijo a RCN Radio y otros medios de comunicación, que “el poco interés que hay a la hora de contratar una empleada doméstica es por los gastos que debe asumir el empleador, por el pago de las prestaciones legales a las que tiene derecho el trabajador.
A esto se suma la alta migración de ciudadanos venezolanos que trabajan por unos valores inferiores a los que legalmente se les deberían reconocer”.
Por su parte, Germán Machado, Asesor del Despacho del Viceministro Técnico en el Ministerio de Hacienda y profesor de cátedra de Economía Colombiana en la Universidad de Los Andes, coincide con nosotras al afirmar que es preocupante. “Se necesitan más datos para concluir sobre la formalización de las empleadas del hogar, pero las cifras del Dane muestran que desde que reciben prima cayó su ocupación en más de 5% y que los contratos verbales en el país han aumentado 8.7% desde 2016”. Antes se tenía un registro de 750.000 empleadas domésticas en el país.
Si bien, en el gremio, ha sido usual que las empleadas domésticas presten sus servicios sin firmar algún tipo de contrato, como explica Linares, “simplemente la persona viene, presta el servicio y se le paga su día sin ningún tipo de contratación, sin ningún tipo de cobertura de seguridad social”, ya se cuenta con una legislación para el trabajo doméstico que reivindica sus derechos laborales. El Estado tiene la responsabilidad y el compromiso de hacerlos cumplir, y la sociedad, por ley y por humanidad, el deber de cumplir.
Por lo anterior, cabe resaltar que empleadores y empleadoras se exponen a altos riesgos a la hora de no contratar legalmente a las empleadas domésticas: “Cuando yo permito que ingrese una persona a mi casa a laborar sin tener paga la seguridad social y esta persona sufre algún tipo de accidente, yo como empleador tendría que incurrir con todos los gastos de ese accidente. Y si esa persona no puede volver a laborar por el accidente, yo tendría que asumir una pensión por invalidez”, puntualizó Linares.
Quedan preguntas para reflexionar e investigar de aquí en adelante:
¿Se necesitan más cifras o más análisis de las cifras? ¿Estará mostrando el mercado que lo más eficaz contra la informalidad son las empresas que tercerizan o intemedian? ¿La normatividad mejoró la protección de algunas empleadas a cambio de dificultar el acceso laboral a otras?
Julio de 2018.
Representantes del sindicato Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico -Utrasd, el Ministerio de Trabajo, la Asociación Nacional de Inductriales -Andi, y organizaciones veedoras como la Escuela Nacional Sindical y la Fundación Bien Humano.
En cumplimiento de la Ley 1778 de 2016 (ley de Prima), la mesa de seguimiento a la implementación del convenio 189 de OIT se reunió nuevamente, esta vez, por primera ocasión, en la ciudad de Medellín, el pasado 27 de abril.
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Este día, en presencia de todos los sectores directamente relacionados con el trabajo doméstico: gobierno, empleadas y empleadores, así como organizaciones veedoras, se abordaron temas de seguridad social, pisos de protección social, agencias de trabajo doméstico y capacitación en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, con miras a lograr una mayor formalización.
*Esta Mesa de Seguimiento a la implementación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, debe reunirse, por ley, periódicamente con el objetivo de formular y desarrollar de manera concertada entre el Gobierno, los empleadores y las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, políticas públicas que promuevan el trabajo decente en el sector del trabajo doméstico remunerado, y en general hacer seguimiento a la implementación de dicho Convenio.
57 + 3108450654
