Registro del Segundo Encuentro Nacional del Trabajo Doméstico.
Publicado por Mujeres Confiar. Visitar el sitio
Escrito por Sandra Valoyes Villa
Preparar alimentos, lavar, cuidar niños y niñas, personas ancianas y enfermas, son algunas de las actividades que día a día soportan la sociedad y su economía. Sin embargo, y a pesar de mantener y cuidar la vida de la humanidad y los espacios que ésta habita, el trabajo doméstico no logra el reconocimiento que se merece.
En países como Colombia, el trabajo doméstico remunerado tiene varias caras, todas son las de una mujer, negra, indígena, empobrecida o víctima de la guerra incrustada en la historia del país.
«Nosotras somos mujeres que venimos de otros territorios desplazadas por el conflicto armado, llegamos a las grandes ciudades, nos acogieron comunidades de asentamientos de negros, y lo que nos ofreció la ciudad es el trabajo doméstico», narra María Roa Borja, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico (UTRASD).
Su relato lo ratifican las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), que recopila información sobre las condiciones de empleo en el país, y que para el año 2017 encontró que el 98% de las personas dedicadas a esta actividad son mujeres, que el 38% de ellas sólo ha realizado estudios de primaria, que el 90% se ubica en los estratos socioeconómicos más bajos, que el 61% obtiene ingresos por debajo del salario mínimo y que, a pesar de soportar una jornada laboral más extendida, el 99% no recibe pago por horas extras.
Ana Teresa Vélez Orrego, coordinadora de Economía del cuidado de la Escuela Nacional Sindical (ENS), considera que los datos, además de impresionantes, reflejan que «no es un mito el tema de la precariedad laboral de las trabajadoras domésticas y en general de la economía del cuidado. Las estadísticas son una alarma para que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y toda la sociedad hagamos algo por este tema. Reconocer y valorar el cuidado significa el acceso a derechos de quienes están en esta labor».
Lo más grave es que el acceso de las trabajadoras domésticas a sus derechos no ha incrementado, como se quisiera tras históricas leyes y convenios ratificados en Colombia en los últimos años, pues según los análisis realizados por Ana Teresa Vélez Orrego, las trabajadoras domésticas «siguen teniendo bajos índices en términos de afiliación en seguridad social contributiva, pues la mayoría sigue estando en el régimen subsidiado, también encontramos que no se mueven los datos en acceso a la afiliación a pensión, a cesantías y la prima de servicios que está regulada, sigue estancada en un 4%».
Retos para cuidar del cuidado
Los desafíos para valorar el trabajo doméstico y los derechos de las personas que los realizan comprenden múltiples perspectivas, entre estos se encuentran los que se relacionan con mecanismos formales, los de orden jurídico, y los de movilización del sector, además de los retos culturales, pues es ahí donde está la base de la brecha, ya que la ubicación de las mujeres en el ámbito privado y la reproducción del rol de género asociado al cuidado ha implicado que históricamente esta actividad se considere inherente a las mujeres y menos valorada con relación a otras actividades asociadas cultural y socialmente a los varones.
La senadora Ángela María Robledo Gómez, quien impulsó la Ley 1788, que reconoce el pago de la prima de servicios a los y las trabajadoras domésticas, afirma que «el gran reto es el estatuto del trabajo, que hay que concertarlo con el sector productivo, con el sector sindical, con la sociedad civil y con legisladores y legisladoras para poder tener una sociedad que salga de la informalidad. Colombia tiene cerca del 50% de trabajo informal y esto golpea de manera especial a las mujeres trabajadoras domésticas».
Pero en lo cotidiano también hay que romper con los obstáculos prácticos que se presentan para el reconocimiento de derechos de las mujeres que prestan servicio doméstico; el desafío está en la construcción de herramientas sencillas para su afiliación a la seguridad social, ya que «está resuelto cómo se afilia cualquier otro trabajador, pero cuando hablamos de la condición de una trabajadora doméstica que labora por días o por horas, si bien la normativa indica que hay que afiliarla, no especifica cómo y no establece un mecanismo integrador que le facilite al empleador o a los empleadores poder afiliarla a las diferentes líneas de la seguridad social», explica Vélez Orrego.
II Encuentro Nacional de Trabajo Doméstico, realizado en Medellín el 28 de julio de 2018
Sin duda, otro reto se enmarca en «seguir juntas», como lo plantea María Roa Borja, pues su propia historia demuestra que es posible transformar la sociedad. Haciendo el recuento, empezaron 28 mujeres negras y ya son 450 de distintas etnias inscritas en la UTRASD, este colectivo luchó también por la ley de prima de servicios «entonces hemos ganado mucho a pesar de que somos un sindicato desagregado, un sindicato que no es de empresa, de mujeres que no tienen permisos para participar, hemos demostrado a los otros sindicatos que sí es posible la unión. Ahora es cuando más nos tenemos que unir y seguir la fuerza», afirma ella.
Normativa relacionada
En Colombia se han decretado diversas leyes que impactan el trabajo doméstico:
- En el año 2010 se promulgó la Ley 1413, con la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales. A través de esta ley es posible que hoy se pueda contabilizar el trabajo doméstico no remunerado como una actividad que, cercana al 20% del Producto Interno Bruto (PIB), supera las contribuciones que hacen las exportaciones colombianas.
- En 2014, Colombia ratificó el Convenio 189 de 2011 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, con lo cual se convirtió en el decimocuarto Estado miembro de este organismo en confirmar un compromiso por el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los y las empleadas domésticas en el mundo.
- En 2016, se promulgó en el país la Ley 1788 que garantiza el acceso al derecho prestacional de prima para los y las trabajadoras domésticas.
Foto: Vivir en El Poblado
Andrea Londoño encontró un proyecto de vida en la pasión por impactar los derechos laborales de estas mujeres. Primero fue en casa, luego abrió un debate sin prejuicios.
Escrita por Daniel Palacio Tamayo, para Vivir en El Poblado. Publicada el 26 de julio de 2018.
Hace 22 años, cuando Andrea tenía a sus mellizas recién nacidas, Liris solicitó un permiso para ausentarse de las tareas de ese hogar.
“Ahí vienes haciendo equilibrio”, le dice Andrea a Liris, quien nos ofrece una bandeja con un café y un vaso de agua.
– Estoy haciendo un poco de malabarismo… vea se me regó [risas].
“Acá estoy diciendo que este cuento empieza con vos”.
La historia inicia años atrás cuando Andrea Londoño le pregunta a Liris con apenas unas semanas de haber iniciado contrato, por las razones para solicitar el permiso. La explicación: Liris, no tenía quién le cuidara a su hijo mientras trabajaba. Al mismo tiempo, recuerda Andrea, “estábamos cuatro mamás con la necesidad de que alguien nos ayudara con los asuntos domésticos y con el cuidado de nuestros hijos”.
Aunque la ley no hace la realidad, Colombia avanzó en jurisprudencia en los derechos laborales de las trabajadoras domésticas en 2012, tras las pautas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Cuando Andrea Londoño inició en 2011 su lucha por las trabajadoras domésticas —en su mayoría mujeres— recurrió a los medios de comunicación y las redes sociales desde @AndreaLondonoSa y @Empleadas_hogar, para que la misma ciudad deliberara, pero no en términos de prejuicios, por raza, apariencias, modales, conductas, sino de derechos. En ese camino encontró el apoyo de amigos voluntarios y organizaciones como Bien Humano, Vamos Mujer y la Escuela Nacional Sindical, articulada con la conformación, en 2013, de la Unión de trabajadoras afrocolombianas del servicio doméstico en Colombia. En el país hay registros de 750 mil trabajadoras, pero como en el sector reina la informalidad, ese número podría ser mucho mayor, dice Andrea.
Para que el número de empleadas supere ese histórico de 120 mil en condición de formalizadas, dice Andrea, se tiene que pasar “del murmullo al bolsillo”; esto es reduciendo la tramitología, que lleva a mantener pagos paralelos, controlar la entrega de subsidios como incentivo perverso contra la formalidad y crear desarrollos empresariales.
Ahora, como las mellizas de Andrea, el hijo de Liris estudia en la universidad, pese a que esta mujer oriunda de Apartadó ha tenido que batallar con las dificultades propias de un entorno donde escasean las oportunidades y a estar la mayor parte del tiempo diurno ausente de casa.
Tras 22 años de compañía y cuidado, las mellizas no dudan en incluir a Liris entre sus afectos. Andrea, pese al difícil rol de empleadora, puede hablar de Liris como una amiga que ha sido clave en su vida.
Actualmente, este proyecto que nació hace ya más de 7 años, hace parte de un equipo interdisciplinario de investigación, entre los cuales se encuentran profesionales independientes, académicos, y empresarios que desde hace años hemos apoyado un cambio hacia los derechos de los/las trabajadoras domésticas, pero más allá aún, hacia la valoración del trabajo doméstico como un tema prioritario para el desarrollo.
Nos unimos para realizar una investigación social sobre los obstáculos legales, culturales y económicos en la contratación legal de este sector laboral en Colombia, con énfasis en las ciudades de Bogotá y Medellín.
Partimos del supuesto de que el grupo de empleadores/as tiene, en este momento, mayor capacidad para hacer un cambio sustancial en esta relación laboral, mayor responsabilidad social y al mismo tiempo encuentra múltiples barreras en el momento de abordar la formalización de la(s) empleada(s) de su hogar.
La casi inexistente información sobre quiénes son los y las empleadoras, qué piensan, qué proponen y cómo quieren o no participar nos pone en la necesidad de llamar su atención e invitarles a que expresen su opinión.
Buscamos indagar de qué manera se pueden plantear acciones, políticas, programas, etc., que aceleran el cumplimiento de la ley para el trabajo doméstico por parte de los empleadores, en vista de que el avance en esta materia ha sido muy lento, aun cuando ya hemos logrado el posicionamiento mediático y público del tema, y son claros los logros en materia legislativa.
Para alcanzar ese objetivo, una de las herramientas que tiene esta investigación, como parte fundamental, es la encuesta "Qué piensan los empleadores/as de trabajadoras domésticas en Colombia": https://goo.gl/forms/mEsRx9qtZRyG3gr02, cuya aplicación se realizó hasta el 10 de agosto de 2018, con una participación muy satisfactoria, que nos permite contar con el número de respuestas necesarias para avanzar con la investigación. Sea esta la oportunidad para agradecer a todas las personas que sacaron el tiempo para responder a conciencia. Ustedes contribuyeron a la construcción de conciencia sobre el rol de quienes emplean en trabajo doméstico.
Los resultados de esta investigación se estarán dando a conocer a finales de este año o principios del 2019.
Cabe resaltar que tal investigación es avalada por Javier Armando Pineda Duque, Profesor del Cider – Universidad de los Andes.
Agosto de 2018
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional declarar exequible el numeral 2 del artículo 77 del Código Sustantivo del trabajo (Ley 2663 de 1950), que fija en 15 días el periodo de prueba para trabajadores domésticos en el país como una forma de proteger a estos empleados, que en su mayoría son mujeres cabeza de familia.
Dicha norma fue demandada por un ciudadano al considerar que era discriminatoria en contra de los demás trabajadores que están vinculados por contrato con algún tipo de empleador.
“Se trata de un grupo poblacional que requiere especial protección, por lo que ese periodo es una prerrogativa que les permite ser acreedores de las indemnizaciones legales que tienen lugar cuando se termina un contrato laboral sin justa causa, en caso de que sean despedidos una vez culmine el periodo de prueba”, explicó el Ministerio Público.
Esta norma se creó con un periodo de prueba cuatro veces más corto que el de un trabajador normal (2 meses) porque por lo general las mujeres que se dedican a esta actividad son despedidas por sus empleadores por algún tipo de inconformidad con el servicio a los pocos días de ser vinculadas, cuestión que no ocurre con el resto de trabajadores vinculados por contrato.
“La norma demandada no es contraria al principio de igualdad, porque las situaciones y características particulares del oficio de los trabajadores domésticos ponen a estos en una posición diferenciada respecto de los demás trabajadores. Y justamente debido a su condición de sujetos de especial protección, es imperativo otorgar un trato distinto mediante medidas afirmativas, que a partir del reconocimiento de una situación de vulnerabilidad buscan salvaguardar derechos fundamentales”, agregó la Procuraduría.
Nota tomada de El Colombiano, publicada el 23 de julio de 2018.
57 + 3108450654
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