Actualmente, este proyecto que nació hace ya más de 7 años, hace parte de un equipo interdisciplinario de investigación, entre los cuales se encuentran profesionales independientes, académicos, y empresarios que desde hace años hemos apoyado un cambio hacia los derechos de los/las trabajadoras domésticas, pero más allá aún, hacia la valoración del trabajo doméstico como un tema prioritario para el desarrollo.
Nos unimos para realizar una investigación social sobre los obstáculos legales, culturales y económicos en la contratación legal de este sector laboral en Colombia, con énfasis en las ciudades de Bogotá y Medellín.
Partimos del supuesto de que el grupo de empleadores/as tiene, en este momento, mayor capacidad para hacer un cambio sustancial en esta relación laboral, mayor responsabilidad social y al mismo tiempo encuentra múltiples barreras en el momento de abordar la formalización de la(s) empleada(s) de su hogar.
La casi inexistente información sobre quiénes son los y las empleadoras, qué piensan, qué proponen y cómo quieren o no participar nos pone en la necesidad de llamar su atención e invitarles a que expresen su opinión.
Buscamos indagar de qué manera se pueden plantear acciones, políticas, programas, etc., que aceleran el cumplimiento de la ley para el trabajo doméstico por parte de los empleadores, en vista de que el avance en esta materia ha sido muy lento, aun cuando ya hemos logrado el posicionamiento mediático y público del tema, y son claros los logros en materia legislativa.
Para alcanzar ese objetivo, una de las herramientas que tiene esta investigación, como parte fundamental, es la encuesta "Qué piensan los empleadores/as de trabajadoras domésticas en Colombia": https://goo.gl/forms/mEsRx9qtZRyG3gr02, cuya aplicación se realizó hasta el 10 de agosto de 2018, con una participación muy satisfactoria, que nos permite contar con el número de respuestas necesarias para avanzar con la investigación. Sea esta la oportunidad para agradecer a todas las personas que sacaron el tiempo para responder a conciencia. Ustedes contribuyeron a la construcción de conciencia sobre el rol de quienes emplean en trabajo doméstico.
Los resultados de esta investigación se estarán dando a conocer a finales de este año o principios del 2019.
Cabe resaltar que tal investigación es avalada por Javier Armando Pineda Duque, Profesor del Cider – Universidad de los Andes.
Agosto de 2018
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional declarar exequible el numeral 2 del artículo 77 del Código Sustantivo del trabajo (Ley 2663 de 1950), que fija en 15 días el periodo de prueba para trabajadores domésticos en el país como una forma de proteger a estos empleados, que en su mayoría son mujeres cabeza de familia.
Dicha norma fue demandada por un ciudadano al considerar que era discriminatoria en contra de los demás trabajadores que están vinculados por contrato con algún tipo de empleador.
“Se trata de un grupo poblacional que requiere especial protección, por lo que ese periodo es una prerrogativa que les permite ser acreedores de las indemnizaciones legales que tienen lugar cuando se termina un contrato laboral sin justa causa, en caso de que sean despedidos una vez culmine el periodo de prueba”, explicó el Ministerio Público.
Esta norma se creó con un periodo de prueba cuatro veces más corto que el de un trabajador normal (2 meses) porque por lo general las mujeres que se dedican a esta actividad son despedidas por sus empleadores por algún tipo de inconformidad con el servicio a los pocos días de ser vinculadas, cuestión que no ocurre con el resto de trabajadores vinculados por contrato.
“La norma demandada no es contraria al principio de igualdad, porque las situaciones y características particulares del oficio de los trabajadores domésticos ponen a estos en una posición diferenciada respecto de los demás trabajadores. Y justamente debido a su condición de sujetos de especial protección, es imperativo otorgar un trato distinto mediante medidas afirmativas, que a partir del reconocimiento de una situación de vulnerabilidad buscan salvaguardar derechos fundamentales”, agregó la Procuraduría.
Nota tomada de El Colombiano, publicada el 23 de julio de 2018.
Foto: Vivir en El Poblado
Andrea Londoño encontró un proyecto de vida en la pasión por impactar los derechos laborales de estas mujeres. Primero fue en casa, luego abrió un debate sin prejuicios.
Escrita por Daniel Palacio Tamayo, para Vivir en El Poblado. Publicada el 26 de julio de 2018.
Hace 22 años, cuando Andrea tenía a sus mellizas recién nacidas, Liris solicitó un permiso para ausentarse de las tareas de ese hogar.
“Ahí vienes haciendo equilibrio”, le dice Andrea a Liris, quien nos ofrece una bandeja con un café y un vaso de agua.
– Estoy haciendo un poco de malabarismo… vea se me regó [risas].
“Acá estoy diciendo que este cuento empieza con vos”.
La historia inicia años atrás cuando Andrea Londoño le pregunta a Liris con apenas unas semanas de haber iniciado contrato, por las razones para solicitar el permiso. La explicación: Liris, no tenía quién le cuidara a su hijo mientras trabajaba. Al mismo tiempo, recuerda Andrea, “estábamos cuatro mamás con la necesidad de que alguien nos ayudara con los asuntos domésticos y con el cuidado de nuestros hijos”.
Aunque la ley no hace la realidad, Colombia avanzó en jurisprudencia en los derechos laborales de las trabajadoras domésticas en 2012, tras las pautas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Cuando Andrea Londoño inició en 2011 su lucha por las trabajadoras domésticas —en su mayoría mujeres— recurrió a los medios de comunicación y las redes sociales desde @AndreaLondonoSa y @Empleadas_hogar, para que la misma ciudad deliberara, pero no en términos de prejuicios, por raza, apariencias, modales, conductas, sino de derechos. En ese camino encontró el apoyo de amigos voluntarios y organizaciones como Bien Humano, Vamos Mujer y la Escuela Nacional Sindical, articulada con la conformación, en 2013, de la Unión de trabajadoras afrocolombianas del servicio doméstico en Colombia. En el país hay registros de 750 mil trabajadoras, pero como en el sector reina la informalidad, ese número podría ser mucho mayor, dice Andrea.
Para que el número de empleadas supere ese histórico de 120 mil en condición de formalizadas, dice Andrea, se tiene que pasar “del murmullo al bolsillo”; esto es reduciendo la tramitología, que lleva a mantener pagos paralelos, controlar la entrega de subsidios como incentivo perverso contra la formalidad y crear desarrollos empresariales.
Ahora, como las mellizas de Andrea, el hijo de Liris estudia en la universidad, pese a que esta mujer oriunda de Apartadó ha tenido que batallar con las dificultades propias de un entorno donde escasean las oportunidades y a estar la mayor parte del tiempo diurno ausente de casa.
Tras 22 años de compañía y cuidado, las mellizas no dudan en incluir a Liris entre sus afectos. Andrea, pese al difícil rol de empleadora, puede hablar de Liris como una amiga que ha sido clave en su vida.
“Esta Sala llama la atención sobre la necesidad de evidenciar que en el camino hacia una sociedad igualitaria no solo el Estado tiene obligaciones afirmativas, sino que ésta es una tarea que le compete a todos los habitantes del país, quienes a través del lenguaje y de sus acciones concretas pueden y deben, contribuir a la eliminación de todas las formas de discriminación”.
Esa Sala es la Segunda de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia que, con la ponencia de la Magistrada Diana Fajardo Rivera, en la Sentencia T-243/18, hizo un llamado a “la solidaridad entre mujeres, a la expansión de relaciones de ayuda entre todas las personas, máxime si pertenecen al mismo género, e invita a la difusión de mensajes de unión y de compromiso por la lucha contra discursos opresores de los derechos fundamentales”.
La Sala se encontraba dirimiendo frente a la Acción de tutela instaurada por Luz Daris Moreno Palacios, trabajadora doméstica, contra Emily Ratliff, su exempleadora.
Según el texto de la Sentencia, estos fueron los hechos:
El 1° de mayo de 2017 la señora Emily Ratliff realizó una publicación en su muro de la red social digital Facebook que incluía una foto de la accionante, su nombre completo, acusaciones sobre el presunto robo de una blusa, apreciaciones sobre su personalidad y una invitación a sus contactos para compartir la publicación.
Con esta entrada, la accionada creó una situación de debilidad en cabeza de la señora Moreno Palacios, porque (i) ella tenía control total sobre la información y las opiniones que estaba divulgando, sin que la accionante contara con mecanismo alguno para disponer de su fotografía; (ii) la señora Ratliff realizó la publicación señalada desde una posición de superioridad, dada por su calidad de parte dominante en la relación de trabajo que había tenido con la accionante, e invitando a sus contactos a que compartieran la información. Si bien la accionante intentó responder a las acusaciones en su contra, terminó siendo recriminada por los contactos de la señora Ratliff que decidieron intervenir en los comentarios que le siguieron a la publicación, muchos de ellos cargados de acusaciones adicionales, y perpetuadores estereotipos sociales. Algunos de los comentarios que recibió la accionante fueron los siguientes:
“Qué horror”
“Nunca le va a quedar como te queda a ti”
“Alas [sic] empleadas hay q [sic] revisarlas muy bien antes de salir tdo [sic] lo q [sic] lleven hay q [sic] revisarlas muy bien”
“Hay [sic] amiga el karma del matrimonio es la empleada, que rabia”.
La señora Luz Daris Moreno Palacios respondió a la publicación inicial mediante un comentario, en el que argumentó que no pondría en riesgo su hoja de vida por una blusa. [Además tenía cómo comprobar que la prenda que le acusaban haber robado, había sido comprada en un almacén bajo la modalidad de crédito]. Como respuesta a lo anterior, la accionada escribió:
“Mentirosa esa blusa que tiene en la foto usted me la robó aprovechó que tengo buena ropa y SE LA ROBÓ CON ETIQUETA DE NUEVA ESA BLUSA NO LA VENDEN EN CUALQUIER LADO Y SIN OFENDERTE ESA BLUSA NO LA VENDEN DONDE TÚ DEBES COMPRAR TÚ ROPA”
La resolución
La Corte Constitucional resolvió que “en este caso existió una vulneración a los derechos fundamentales de la señora Luz Daris Moreno Palacios, y en esta medida, la señora Emily Ratliff desbordó los alcances constitucionales de la libertad de expresión”, por lo que fue obligada a rectificar en el mismo espacio en el que ocurrió la difamación, a pesar de que ya había eliminado la publicación.
Así mismo, recordó que “el ordenamiento jurídico colombiano prohíbe la creación de listas negativas a los empleadores, entendidas como la difusión de información de sus ex trabajadores, que impliquen una limitación posterior de su acceso al mercado laboral. Antes bien, dicha prohibición se predica tanto para las empresas empleadoras como para las personas naturales que actúen en tal calidad; situación que interpretada desde otra perspectiva, puede entenderse como la consagración de un límite a la libertad de expresión de quienes mantienen un vínculo contractual o laboral, en este caso, de la señora Emily Ratliff, pues el efecto que tuvo su publicación es el mismo que tienen las denominadas listas negativas, es decir, que la entrada hecha en la red social digital Facebook tuvo una consecuencia equivalente en los derechos fundamentales de la señora Luz Daris Moreno Palacios.
Resuelto el caso, la Corte realizó un análisis sobre la vulneración de derechos en el trabajo doméstico y hacia quienes lo ejercen, en el punto siente de la sentencia:
Pese a la importante labor que desempeñan día a día las trabajadoras domésticas, que incide directamente en la calidad de vida de sus empleadores, éste grupo poblacional ha sido tradicionalmente estigmatizado, desde una lógica de clases sociales, y asociado a conceptos que sin duda alguna atentan contra la dignidad humana de las mujeres, así como la imagen que tienen de sí mismas. Este caso es una muestra de esa situación, pues no solo la accionada acusó a su ex trabajadora doméstica de haberle robado una blusa, sino que los comentarios que le siguieron a la publicación tanto por parte de la señora Ratliff, como de sus contactos -todas ellas mujeres-, crearon un ambiente de hostilidad para la accionante, y dan cuenta de esa estigmatización social, y la perpetuación de un discurso de clases excluyente.
(…)
7.9. Adicionalmente, la Sala advierte que gracias a internet y las nuevas tecnologías de la comunicación e información, el colectivo social de las mujeres, se encuentran en una época importante de empoderamiento como género. Para nadie es un secreto que a través de las plataformas digitales es posible acceder a una gran cantidad de información, contar con redes de apoyo que contribuyen a la denuncia de casos de maltratos o abusos, y organizar de una manera expedita movilizaciones ciudadanas para el reclamo de garantías fundamentales. En este contexto, como se analizó previamente, dadas las características de rapidez y masividad de destinatarios se debe tener cuidado de no afectar derechos de terceras personas, y generar así victimizaciones, con las publicaciones que se hagan en internet.
7.9.1. Atendiendo a dicha preocupación, la Sala Segunda de Revisión resalta la importancia de incorporar la solidaridad, consagrada como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho, en las relaciones entre particulares, pues este valor y principio es sin duda la base indispensable para una sociedad incluyente. La conducta de la señora Emily Ratliff se separa de ese valor de solidaridad, y perpetúa dinámicas sociales injustas frente a un colectivo tradicionalmente discriminado y marginado, como lo son las empleadas domésticas. (…).
Esta sentencia es un nuevo precedente positivo para el proceso de reconocimiento de la importancia social y económica del trabajo doméstico en Colombia, que se suma al reconocimiento del derecho a ‘pensión sanción’, la ley de prima, y la declaración de las empleadas domésticas como sujetos de especial protección, según fallo de Corte Constitucional. Puede consultar la legislación colombiana para el trabajo doméstico aquí.
Si desea conocer el texto completo de esta sentencia, haga clic aquí: Sentencia T-243/18
Julio de 2018.
57 + 3108450654
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